Dragado del Guadalquivir: hay que cambiar el rumbo

Fernando Sancho y Leandro del Moral. La Tribuna de Viva Sevilla.

  Las últimas semanas, políticos municipales, sindicalistas y empresarios bombardean a la opinión pública con el mensaje de que la supervivencia del puerto de Sevilla se juega en el dragado de profundización del estuario del Guadalquivir. Renace así el discurso que se oye en Sevilla cada 25 años desde hace más de dos siglos: el puerto agoniza y si se acomete esta operación (corta de la Merlina, corta de Los Jerónimos, corta de Tablada, vieja esclusa, Canal Sevilla-Bonanza, dragado de la desembocadura, cortas de Isleta, de los Olivillos, de la Punta del Verde, nueva esclusa, dragado de profundización…) no solo se afrontará esta amenaza de colapso sino que se garantizará su futuro.

¿Cuál es la realidad? El 2 de octubre de 2003 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Actuaciones de mejora en los accesos marítimos al puerto de Sevilla”. Cumpliendo una de sus cláusulas, se constituyó una Comisión Científica que, de acuerdo con la Autoridad Portuaria, acordó encargar un Estudio para completar las lagunas de información detectadas en el proyecto a un equipo investigador coordinado por Miguel Losada (Universidad de Granada) y Javier Ruiz (CSIC, Cádiz).

Recibido el Estudio en 2010, la Comisión Científica emitió un informe al Ministerio de Medio Ambiente, que entre otras cosas dice:  “La situación actual (del estuario) requiere la intervención rápida y coordinada de las administraciones implicadas en la planificación y gestión del estuario, de la cuenca del Guadalquivir y de la costa, de modo que se revierta la tendencia actual que lleva al colapso del estuario y a la costa que de él depende, y por tanto al Parque Nacional de Doñana, cuyas marismas forman parte del propio estuario”. En los párrafos finales del dictamen se dice: “…recomendamos que se desestime definitivamente el dragado de profundización y que de mantener la autoridad portuaria de Sevilla su voluntad de realizar dicho dragado, inicie un nuevo procedimiento de EIA  una vez las condiciones del estuario hayan mejorado”.

No se trata exclusivamente de una amenaza a Doñana, ni menos aún a una Doñana concebida en sus estrictos límites administrativos de espacio protegido e inventario de especies. Se trata, en todo caso, de una amenaza a  un proyecto, Doñana,  que significa laboratorio de procesos, ideas y experiencias de desarrollo sostenible en el sentido más noble de la palabra, con el cual alguno de sus responsables directos debería sentirse identificados más allá de lucrativos contratos y proyectos.

Además de los graves impactos ambientales, el proyecto tiene numerosas afecciones sobre otras actividades productivas: el proyecto no ha valorado los efectos inducidos en otros puertos andaluces (Algeciras, Cádiz, Huelva, Málaga); no valora la competencia con otras zonas industriales PI Dos Hermanas, Zona Franca Cádiz; el estudio económico es antiguo, controvertidos y muy débil; ignora la existencia de otros agentes en conflicto de importancia tales como: arroceros, piscicultores, pescadores y marisqueo, salineros, y proyectos de desarrollo rural y turístico de los Ayuntamientos ribereños.

¿Cuál es el nuevo enfoque que el importante tema del puerto de Sevilla requiere? Pasar de una perspectiva unipolar, centrada exclusivamente en los intereses sectoriales y actuales del puerto, a una perspectiva integradora de la complejidad de funciones, intereses y actividades económicas, sociales y ecológicas presentes en el estuario. Frente a la privatización del patrimonio natural por una élite local extractiva, la reversión del capital natural a la comunidad, su legítima propietaria, para que desarrolle sus potencialidades con prácticas ambientales, sociales y económicas sostenibles. Frente a una perspectiva de lucha contra la naturaleza, es necesario diseñar una estrategia de adaptación y negociación con la naturaleza. Frente a la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas de las élites y los centros de poder actuales, garantizar la transparencia y admitir la  participación en el debate con las opiniones contrarias.

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